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Cuando la etapa de la Conquista terminó, los españoles habían arrebatado el oro y la plata acumulada por los indígenas. En la época colonial comenzaron a explotar lavaderos y minas, generando una importante riqueza para la economía colonial a costa del trabajo de los indígenas chilenos.

La economía colonial entre oro y plata

La explotación se concentró en los lavaderos de oro, como Quilacoya y Madre de Dios, ubicados al sur de Chile. Su explotación estuvo supeditada al desarrollo del conflicto con los indígenas.

Las minas se convirtieron en un gran pilar de la economía colonial durante este período, influyendo fuertemente en la vida social de la población.

La Corona se encargó de proteger todo tipo de explotaciones mineras. El oro y la plata, no solo por lo que significaban para la comunidad, sino porque el quinto real, tributo del 20% que se pagaba por estos elementos, era esencial para la metrópoli.

Agricultura y ganadería

La actividad ganadera predominó durante los primeros cien años de la Colonia. El sebo y el cuero fueron los principales productos de sustento para la economía colonial.

Mientras el primero constituía la materia prima en la elaboración de las velas, el segundo era exportado hacia Perú, donde era transformado en diversos objetos, como suelas, badanas o cordobanes.

Durante el siglo XVIII la economía colonial encontró en la la agricultura su actividad más importante. Factores externos (una devastadora plaga arrasó con casi la totalidad de los cultivos peruanos) aceleraron la demanda de nuestros productos, especialmente del trigo.

Chile fue considerado el granero del Perú, haciendo disminuir las labores ganaderas e implementándose incluso una red vial para facilitar la exportación de los productos agrícolas.

Entre los cultivos más frecuentes que se desarrollaron en las estancias se encontraban el trigo, la cebada, el maíz, árboles frutales, hortalizas y viñedos.

economía colonial

Intercambio comercial

El comercio de todas las colonias españolas estaba bajo los dictámenes de la corona. Con el fin de aprovechar al máximo la nueva fuente de materias primas de alta calidad, España estableció un monopolio comercial con América.

Para ello se implementó el sistema de flota y galeones, que consistía en la circulación de navíos mercantes desde Europa hacia América y viceversa, los que transportaban las materias primas y los productos manufacturados para ser transados. Barcos de guerra (galeones) los vigilaban y aseguraban la integridad de las mercancías y de la tripulación.

Gracias a esta modalidad, el intercambio era continuo. Los comerciantes de nuestro país, por medio de sus agentes, llegaban a la ciudad de Portobello (Panamá) para adquirir los productos manufacturados provenientes de Europa, entre los que destacaban armas, joyas, aceite, vino y telas.

Su traslado incrementaba considerablemente el precio de venta, lo que, paralelamente, fomentaba el contrabando de mercancías para conseguirlas a menor costo.

El monopolio comercial era tan estricto que incluso el intercambio entre las mismas colonias estaba fuertemente vigilado. Este hecho cambió de forma progresiva a contar del siglo XVII, cuando la corona flexibilizó las trabas comerciales.

Una de ellas repercutió de manera directa en nuestro país, ya que permitió la apertura de dos importantes puertos: Valparaíso y Talcahuano.

Condiciones de trabajo indígena

Durante la Colonia, los gobernadores asignaban cierto número de indígenas a cada conquistador para que estuviesen bajo su cuidado. Estos debían trabajar según las órdenes de los españoles y pagarles tributos (en dinero o especies), debiendo recibir a cambio protección, comida y abrigo.

Este sistema se conoció con el nombre de encomiendas y cada español a cargo de un grupo de indígenas recibió el nombre de encomendero.

Sin embargo, la situación no era tan ideal y, finalmente, las condiciones de vida de los aborígenes bajo el sistema de encomiendas eran paupérrimas.

Una serie de medidas que intentarían regular y mejorar las condiciones de trabajo indígena fueron impulsadas durante el siglo XVII. Pocas fueron implementadas a pesar de contar con el apoyo de importantes autoridades, y la mayoría obtuvo solo el repudio de los encomenderos.

En 1609 se intentó finalizar el servicio de encomiendas, pero solo se logró excluir a las mujeres y a los niños menores de 18 años. La Tasa de Esquilache se promulgó doce años más tarde. En 1622 sería modificada y llamada Tasa Real. Aquella fracasaría al igual que su antecesora.

Ya en 1633 se redactó la Tasa de Laso de la Vega, donde se fijaba el tributo en diez pesos. Gracias a la iniciativa de Ambrosio O’Higgins, en 1789, se puso término oficial al sistema de encomiendas. La corona española determinaría su abolición definitiva en 1791.

Impuestos en la economía colonial

La directa vigilancia y administración que ejercía la corona española sobre el comercio de nuestro país no dejaba escapar ningún detalle, beneficiándose con cada una de las actividades económicas que se desarrollaban en el territorio.

El diezmo era el tributo que se cobraba a la producción agropecuaria y que sustentaba las labores religiosas, mientras que el quinto real gravaba el oro extraído en las minas y lavaderos correspondiendo a un quinto del total.

También existía el almojarifazgo (impuesto de aduana sobre las mercancías que circulaban entre España y América), la alcabala (relacionado con la compraventa de bienes muebles o inmuebles) y la anata o media anata (correspondiente al pago del sueldo de uno o medio año).

 


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