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Dos demandas, aunque por carriles diferentes, se ventilan en la Corte Internacionl de Justicia, en La Haya. En la primera, Bolivia exige a Chile negociar una salida al océano Pacífico, en la segunda, Chile demanda la internacionalidad de las aguas del río Silala.

El lunes 19 de marzo de 2018 comenzaron los alegatos orales, un capítulo que cierra un proceso que partió en 2011, cuando tras fracasar las conversaciones en torno a la llamada “Agenda de los 13 puntos”, el presidente Evo Morales anunció que llegaría hasta el tribunal internacional en busca de una salida al mar. Entre los puntos de la agenda estaban el marítimo y el Silala, dos causas a las cuales no renunciarán los vecinos.

Durante más de cien años, los mandatarios bolivianos han reclamado soberanía marítima, la misma que perdieron tras la derrota que sufrieron en la Guerra del Pacífico, en 1884. Una posta que tomó Morales en 2006 cuando asumió la Presidencia de la República y que la constituyó en un “derecho irrenunciable e imprescriptible del pueblo boliviano sobre el territorio que le dé salida al océano Pacífico y su espacio marítimo”, como lo dice desde 2009 la Constitución boliviana. Razón por la cual todo indica que no cejarán hasta conseguirlo.

No es primera vez que Bolivia llega a organismos internacionales, primero lo hizo frente a la Sociedad de Naciones y luego fue a la Organización de Estados Americanos. Y aunque su discurso siempre fue impugnar el Tratado de Paz y Amistad de 1904, en el cual Bolivia cedió a perpetuidad los territorios del Departamento del Litoral, actual Región de Antofagasta, en esta oportunidad el equipo jurídico boliviano invocó el llamado “derecho expectaticio”, lo que viene a significar que Chile está obligado a sentarse a negociar, ello basado en las expectativas que han generado los diferentes gobiernos chilenos durante la historia.

Antecedentes en los que Bolivia basa su demanda

El Gobierno de Evo Morales alega que Chile debe cumplir el ofrecimiento que le hizo, en varios momentos de la historia, de facilitarle una salida soberana al mar. Algo que Morales denomina “derecho expectaticio” y que en la demanda se lee como “las expectativas generadas en las conversaciones mantenidas por el Ejecutivo chileno a lo largo del tiempo de que acabaría pactándose una solución”.

En 1920, hay una serie de intercambios entre las cancillerías boliviana y chilena en los que se señala la disposición de Chile para negociar. En 1950, Chile ratifica su disposición a negociar. El canciller chileno Horacio Walker Larraín, señaló que el gobierno “está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”.

En 1975, el presidente Augusto Pinochet ofreció a Hugo Banzer un corredor hacia el océano Pacífico, sobre la frontera chileno-peruana, a cambio de la misma cantidad de territorio boliviano. La Negociación de Charaña  fracasó por la resistencia de los bolivianos a un canje territorial y por la oposición de Perú, país que tenía derecho a veto, pues el territorio que iba a traspasarse a Bolivia había sido peruano antes de la Guerra. Así, las relaciones diplomáticas entre las dos naciones fueron rotas en 1978, algo que ya había pasado en 1962 (por las diferencias sobre el río Lauca), y que tuvo un respiro durante los tres años que duró la negociación de Charaña.

En 2000, bajo la presidencia de Eduardo Frei, Chile y Bolivia acordaron, en la ciudad de Algarve, una “Agenda sin exclusiones”. Luego, entre 2006 y 2010, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, se produjo el mayor acercamiento en la relaciones con Bolivia. Las conversaciones fueron en torno a 13 puntos, entre ellos el marítimo. Pero, nuevamente no hubo acuerdo.

Los pasos en La Haya

La demanda

En 2013, el gobierno boliviano presentó una demanda que busca obligar a Chile a negociar “de buena fe” una salida “soberana” al mar. No es primera vez que La Paz va a organismos internacionales. En 1920, ante la Sociedad de Naciones, pidió la nulidad del Tratado de Paz de 1904, demanda fue declarada inadmisible, pues “la modificación de los tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes”.  En la década del ‘70 acudió a la Organización de Estados Americanos, la que en 1979, en el centenario de la Guerra del Pacífico, resolvió, sin el voto de Chile, recomendar el inicio de “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”.

Objeción previa

Chile solicitó a la Corte inhibirse dada la naturaleza “osada” de la demanda boliviana, que de admitirse tendría el potencial de desordenar el ordenamiento jurídico internacional. Además, argumentó que los ofrecimientos que hizo a Bolivia no pueden generar derecho alguno, ya que si lo hicieran se restringiría la facultad de los países de explorar soluciones innovadoras a sus problemas internacionales.

Primera sentencia

En septiembre de 2015, los jueces de la Corte consideraron que tenían competencia para ver la demanda. Chile argumentó que el Pacto de Bogotá, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas suscrito en 1948 por la mayoría de los países latinoamericanos, señala que los asuntos que hayan sido resueltos en acuerdos anteriores no permitirían otros nuevos. Además, alegó que la Corte fue establecida en 1945, por lo que carecería de jurisdicción para tratar un conflicto que cuenta con un texto legal fechado antes. Argumentos que fueron desechados por los jueces.

Alegatos orales

Ya descartado que el caso que se ventila en la Corte sea el derecho a mar que tendría Bolivia, este jueves 22 y viernes 23, será la oportunidad que tendrá Chile para convencer a los jueces que siempre ha estado dispuesto a conversar con Bolivia, pero que nunca sobre la base de una obligación de ceder soberanía. Tras el fracaso del llamado Acuerdo de Charaña —que ofreció acceso al mar con soberanía a cambio de un canje territorial—, en ninguno de los diálogos posteriores se ha considerado el tema de soberanía marítima.


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