* Opinión de Pablo González del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile y coordinador encargado del Informe de Desarrollo Humano, Pnud.
La Tercera, domingo 29 de julio.
Una de las reformas centrales para avanzar hacia el ideal republicano de una sociedad con igualdad de oportunidades está a punto de concretarse en el sector educación: la aprobación de la ley de subvención preferencial.
El concepto de justicia detrás de la propuesta parece inspirado en las ideas del profesor John Roemer, de la Universidad de Yale. De acuerdo a este autor, una sociedad entrega igualdad de oportunidades a sus ciudadanos si los resultados que puede alcanzar en la vida son independientes de su raza, género u origen social. Uno de los aspectos más fácilmente cuantificables en este sentido son los ingresos del trabajo y en esto, es determinante el nivel de educación alcanzado (incluyendo no sólo la cantidad de años cursados, sino también atributos de calidad y pertinencia).
Un tema que preocupa al autor es la diferencia de ingresos que se observa en EE.UU. entre blancos de origen medio y negros provenientes de nivel socioeconómico bajo. Él y Julian Betts estiman que cerrar esa brecha en la próxima generación a través del sistema escolar y manteniendo el presupuesto constante requiere gastar entre seis y 10 veces más en los estudiantes del segundo grupo.
En Chile, el proyecto de ley de subvención preferencial busca corregir uno de los problemas de fondo del sistema educacional: las oportunidades de aprendizaje de una persona están directamente relacionadas con el nivel de ingresos de su hogar de origen. Para romper esta desigualdad es necesario invertir más recursos en los niños provenientes de hogares más vulnerables. Por el contrario, la actual subvención educacional, al no discriminar según las características socioeconómicas de los estudiantes, da a las escuelas incentivos para privilegiar a los alumnos de familias más acomodadas.
Un tema central es el monto adecuado de la compensación. No es posible determinar ahora si lo contemplado en el proyecto de ley -cerca de 50%- es apropiado o no. Esto sólo podrá resolverse una vez que el sistema reformado entre en régimen y se comparen los resultados promedio de los alumnos vulnerables y el resto. El monto será adecuado cuando los rendimientos promedio coincidan. Si siguen siendo más bajos, será necesario aumentarlos; si pasan a ser más altos, será necesario disminuirlos.
Lo mismo ocurre respecto de la indicación recientemente aceptada por el Ejecutivo, que establece montos crecientes con la proporción de alumnos vulnerables atendidos por una escuela. Esta indicación pretende considerar el llamado efecto «pares»: los resultados no sólo dependen de circunstancias individuales, también del entorno. Una mayor concentración de alumnos difíciles de enseñar haría también más difícil el aprendizaje para todo el grupo.
Aunque en el mundo existe un debate académico sobre este efecto y su magnitud, una ley que pretende nivelar las oportunidades debe incorporar su existencia e ir afinando la compensación requerida de la misma forma que debe hacerse respecto de la compensación individual. Probablemente llegaríamos más rápido a la solución adecuada si estuviésemos dispuestos a ensayar diferentes fórmulas para distintas regiones del país.
Una consideración final respecto del tratamiento de este tema en el proyecto recientemente presentado por la Alianza. Cuando se argumenta que la subvención es recibida por la escuela y no por el alumno sólo por facilitar la administración del sistema -lo que podría ser interpretado como un sutil argumento en contra de la indicación anterior-, se olvida que la subvención ya reconoce diferencias de costos entre alumnos. Así, una escuela básica rural ya recibe un monto distinto por alumno (variable además en función del número de alumnos) que una escuela básica urbana; y un liceo científico- humanista recibe un monto distinto que uno técnico-profesional.
Lo que la subvención debe hacer es corregir todos los diferenciales de costos, y porque los costos eficientes por alumno son distintos, no es posible despachar un cheque distinto a cada familia, aunque los costos de transacción de hacerlo fuesen cero (que no lo son). Si el efecto «pares» es real y no se corrige adecuadamente, los incentivos a la segmentación sólo serán atenuados por la compensación de la vulnerabilidad individual y, aunque con eso habremos avanzado hacia la igualdad de oportunidades, ésta seguirá siendo un sueño pendiente.