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LA TERCERA Sábado 24 de marzo de 2007
Por : Alejandra Muñoz C.

En octubre del año pasado, la comunidad educativa del Liceo José Victorino Lastarria, de Providencia, decidió modificar su reglamento escolar para incorporar una nueva falta grave, que llevaba como castigo la cancelación de la matrícula: “La participación en tomas del liceo, impedir el libre ingreso de sus compañeros al establecimiento u otros”.

Se trata de uno de los colegios que, tras las movilizaciones del año pasado, endurecieron las normativas internas con el fin de evitar, principalmente, las ocupaciones de los establecimientos.

Según el presidente del Centro de Alumnos del Liceo Barros Borgoño, Maximiliano Mellado, en su colegio también se hizo firmar a los apoderados -al momento de la matrícula- un texto similar.

La norma será incorporada además, en otros liceos de Providencia cuando se reúnan los consejos escolares respectivos este año.

En el caso del Liceo 1 de Niñas, a comienzos del año pasado ya estaba vigente una norma que calificaba como grave “realizar o promover acciones o actos que entorpezcan las actividades académicas planificadas”.

El presidente de la Corporación de Derechos Ciudadanos Seal, Arturo Barrios, explica que si se aplican las disposiciones, habrá muchos expulsados cada vez que se produzcan protestas escolares. Además, dice, al analizar los reglamentos se ven normas cuestionables relacionadas con otros temas. “Esto tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles, pero también con temas más de fondo”, añade.

La próxima semana, la corporación y dirigentes de distintos organismos se reunirán con la ministra de Educación, Yasna Provoste, para tratar el tema.

Faltas graves

Arturo Barrios menciona varios ejemplos de este tipo: en la Escuela de la Industria Gráfica, de San Miguel, se pone al mismo nivel el portar o usar armas de fuego con manifestar conductas homosexuales, lo que constituiría, asevera, una discriminación por las opciones sexuales de las personas.

En algunos casos se alude a actos que entorpezcan actividades académicas. Algunos establecimientos prohiben las conductas homosexuales de la misma forma que el porte de armas. Apoderados y docentes defienden normas aprobadas por toda la comunidad escolar.

 

En el Liceo Lastarria, una disposición prohíbe llevar artículos electrónicos al colegio. Estos serán requisados si son encontrados por los funcionarios del colegio, hasta que no sean retirados por el apoderado. Si en 30 días no se retiran, se donan a un centro abierto.

Sin embargo, apoderados y funcionarios de los colegios defienden las disposiciones, además de explicar que todas fueron consultadas con los padres y con representantes de los alumnos.

En el caso de la Escuela de la Industria Gráfica, el director de Asuntos Estudiantiles, José Luis Rodríguez, subraya que no buscan discriminar, sino evitar manifestaciones íntimas tanto en jóvenes homosexuales como heterosexuales. Admite que la actual redacción es ambigua, por lo que la próxima semana se revisará el artículo.

En el Liceo Lastarria, el presidente del Centro de Padres, Marcos Loyola, señala que la prohibición de llevar artículos electrónicos se debe a que había muchos hurtos y ante cada denuncia se revisaban las mochilas de todos los estudiantes. “Eso comenzó a generar conflictos en las relaciones dentro del establecimiento… El objetivo es que el alumno no llegue con artículos electrónicos de valor”, dijo.

 

 Establecimientos deben informarlas a direcciones provinciales
Mineduc explica cómo deberían ser las normas

Para el Ministerio de Educación, el aspecto más importante en la creación de los reglamentos internos de los colegios es que sean elaborados en conjunto por toda la comunidad educativa.

Según el encargado de la Oficina de Resguardo de Derechos del Mineduc, Alexis Ramírez, “eso le da más legitimidad y permite ajustarlo con lo que está pasando efectivamente en la escuela o en la sala de clase”. La instancia más adecuada para tratar este tema, agregó, es el consejo escolar, porque allí están representados todos los estamentos de los colegios.

Ramírez destacó también que los reglamentos deben ajustarse a normas mínimas, como la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño u otras, que priman por sobre lo que se haya definido en el establecimiento.

“Las disposiciones consideradas arbitrarias o que atenten contra las leyes vigentes se entenderán como no escritas”, dijo Ramírez.

Otro punto a la hora de definir un reglamento es incorporar una escala de sanciones que tengan un sentido pedagógico, de acuerdo con la falta cometida, y un proceso de apelación  a la hora de aplicar los castigos.

Actualmente la Oficina de Resguardo de Derechos del Mineduc está trabajando el tema con los establecimientos educacionales. Ya se realizó una primera reunión con directores de liceos municipales de Santiago y se puso en la página web de la entidad (www.600mineduc.cl) un blog para recibir comentarios de apoderados, estudiantes y profesores.

Los colegios tienen la obligación de entregar sus reglamentos a las Direcciones  Provinciales de Educación, las que se encargan de revisarlos para evitar las normas cuestionables.

Datos clave

Estudio:  El 2001 la Dirección Provincial Oriente del Mineduc revisó los reglamentos de 130 colegios del sector. El 92% de ellos presentaba normas objetables.

Problemas :  Los principales problemas detectados fueron regular conductas escolares fuera del establecimiento o aplicar sanciones sin un proceso previo de apelación.

Investigación :  Arturo Barrios subraya la necesidad de que el Mineduc haga un nuevo estudio, con una muestra a nivel nacional, para conocer la situación de los colegios de regiones.

Direcciones :  Los establecimientos deben enviar copias de sus reglamentos a las direcciones provinciales de Educación para que sean revisados.


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