LA TERCERA, 8 de diciembre de 2006.
Por: Alejandra Muñoz y Francisca Sandoval

El que no haya un rechazo categórico a la existencia del lucro en la educación fue uno de los principales argumentos de los estudiantes para marginarse de la entrega del informe del Consejo Asesor a la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, este no fue el único tema polémico al interior del grupo.

Además, hubo posiciones encontradas en temas como la municipalización y la igualdad de trato para todos los colegios.

1. Fin de lucro. En este tema se manifestaron tres opiniones marcadas. Por una parte estaban los integrantes del llamado “bloque social”, quienes rechazaban la existencia de cualquier tipo de lucro en el sistema educacional, por considerarlo éticamente reprobable. Otro grupo se opuso al lucro, sólo cuando hay recursos públicos para mantener lo colegios. Entre sus argumentos estaba que “la necesidad de maximizar sus utilidades puede entrar en conflicto con los fines de la actividad educativa”.

Un tercer grupo respaldó la coexistencias del derecho a lucro con el financiamiento público, siempre que se cumpla con los requisitos legales y estándares de calidad.

2. Igualdad de trato. El debate sobre esta materia tampoco fue menor. Se manifestaron claramente dos posiciones: por un lado quienes consideraban que, como el Estado tiene un rol primordial en la educación y sus establecimientos atienden a los niños más pobres, debería recibir más recursos. La segunda posición apuntaba a que los recursos adicionales no debían asignarse al tipo de colegio, sino al niño, ya que una parte de los sectores más pobres está en colegios particulares subvencionados.

3. Municipalización. En esta área hubo cuatro posiciones. Aunque se concordó que los establecimientos serían manejados por “administradoras de educación pública”, su lugar de origen generó diferencias. Algunos consejeros consideraron que debían generarse a partir de los municipios, pero a través de una ley que estableciera cuáles podían trabajar en forma independiente y cuáles juntos. Otro grupo quería dejar este punto a criterio de los alcaldes, pero se les criticó que las autoridades comunales son elegidas cada cuatro años y la educación es una materia a largo plazo. Un tercer grupo de consejeros optó por la idea de que las administradoras se coordinaran a nivel regional, y un cuarto, que si bien se ubicaran regionalmente, fueran manejadas por el Ministerio de Educación.

4. Estatuto Docente. Una de las áreas que se veían complejas desde el principio. Un sector de la entidad asesora sostuvo que el estatuto no ha contribuido a generar calidad y que pone los intereses de los profesores por sobre el de los alumnos y los establecimientos. Sus defensores consideran que es lo suficientemente flexible y que el problema es que hay muchos profesores en edad de jubilar que no pueden hacerlo.

5. Causas de origen. Aunque los consejeros afirman que no están de acuerdo con el documento completo, sí valoran el hecho de que éste reúna las distintas posiciones que hay en el país en el área educacional. El presidente de Conacep (colegios particulares subvencionados) y consejero, Rodrigo Bosch, afirmó que “hay elementos en que por supuesto no estoy de acuerdo, pero hay otros en que sí lo estoy. Por eso no me voy a restar del debate, como si me sintiera dueño de la verdad”. Otros consejeros manifestaron reparos con el capítulo de educación superior.

Divergencias en el bloque disidente

Aunque un grupo importante del llamado “bloque social” -formado por estudiantes, profesores y universitarios- rechazó el documento final de la instancia y presentaron una propuesta paralela, no todos sus integrantes estaban de acuerdo.

Dentro de los profesores, sólo dos de los representantes del colegio –Jorge Pavez y Darío Vásquez- se sumaron a los disidentes. Jaime Prea, del magisterio, afirmó que a su juicio no puede haber pronunciamientos individuales sobre el texto, sino que hay que esperar que el directorio de la entidad se manifieste. Incluso, el Colegio de Profesores sacó una declaración diciendo que no se habían “bajado” del consejo.

El representante de la CUT, Guillermo Scherping -también profesor-, consideró que el informe es bueno porque “expresa la diversidad de opiniones” en materia educacional.  demás, sostuvo que si se deslegitima el trabajo ahora, no habrá piso más adelante para pedir en el Congreso que se apoyen los cambios que proponga la Presidenta.

Jonatan Díaz, dirigente universitario, afirmó que tiene un conflicto personal: aunque integra el bloque social, trabajó mucho y quiere hacerse cargo de sus propuestas. Agregó que aunque el documento hubiese sido bueno, los escolares se habrían bajado igual, porque “era la única manera de asegurar movilizaciones para marzo”.

Tres de los ocho dirigentes escolares, en tanto, estarán el lunes 11 en La Moneda.