Con más de un centenar de detenidos como resultado del desalojo de siete colegios de la Región Metropolitana, y la realización de un «paro de advertencia» para hoy, miércoles, convocado por los estudiantes, comenzaron las nuevas movilizaciones de los estudiantes secundarios en el país.
Los secundarios piden, básicamente, reformar la Ley Orgánica Constitucional (LOCE), promulgada bajo el régimen militar y que consideran «mercantilizó» a la educación, restando al Estado la posibilidad de jugar un papel importante en esta materia. El otro punto es que los municipios dejen de administrar los liceos y que éstos vuelvan al área estatal, además de la revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC)
Admitiendo que el gobierno ha respondido a bastantes puntos de la llamada «agenda corta» (pases escolares, becas y alimentación), criticaron la lentitud del proceso y la demora de cuatro meses en resolver asuntos que consideraron «simples«.
Por ello es que temen grandes retrasos en el Consejo Asesor, creado por la presidenta Bachelet para proponerle reformas que tiendan a una mejor calidad de la enseñanza, y que forma parte de la «agenda larga», y que de acuerdo al itinerario gubernamental debería concluir el estudio de propuestas de cambios en diciembre.
Como se sabe, el movimiento secundario de mayo y junio pasados fue el más grande en tres décadas y llegó a convocar hasta un millón de secundarios, universitarios y profesores, constituyéndose en el mayor “impasse” que ha tenido la administración de Bachelet.
Como consecuencia generó la salida de varios ministros (incluido el de Educación), la creación del Consejo Asesor (del que forman parte también estudiantes y profesores) y dos anuncios presidenciales de millonarios paquetes de medidas, destinadas a satisfacer sus demandas.

Reanudación de protestas

Dos marchas por calles de Santiago fue la respuesta de los dirigentes metropolitanos de estudiantes secundarios a los desalojos de liceos y las duras sanciones a las que se ve enfrentado un número de escolares que protagonizaron tomas en sus establecimientos.
Respecto a la situación de regiones, los dirigentes estudiantiles indicaron que cada región decidirá la forma de plegarse a esta movilización convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces).
Además la Aces advirtió que endurecerán el «paro de advertencia» de hoy debido a los desalojos policiales por órdenes municipales de una decena de los liceos más emblemáticos de Santiago, que comenzaron a ser «tomados» por los alumnos desde hace unas dos semanas.
Cabe recordar que en los desalojos, hubo más de un centenar de detenidos, quienes después de constatarse sus identidades y domicilios fueron liberados
Los incidentes más serios se registraron en el Liceo de Aplicación ya que los estudiantes resistieron violentamente el desalojo. Además, varios alcaldes anticiparon que sancionarán a quienes ocuparon los recintos con la no renovación de matrícula. Es así como luego del desalojo policial del liceo Lastarria, los 41 detenidos fueron expulsados del colegio por el alcalde de la comuna de Providencia, Cristián Labbé, del cual depende el establecimiento.
Por su parte, el gobierno, que en junio le otorgó beneficios por 200 millones de dólares y acogió las demandas de reformas, ha rechazado las protestas estudiantiles. Y respaldó el desalojo de los colegios, ordenados por alcaldes de los cuales dependen los establecimiento fiscales.

Reacciones

«Los hechos de violencia no le hacen bien al movimiento estudiantil ni al país en general», dijo la ministra de Educación, Yasna Provoste, agregando que se «deben evitar la medidas extremas» que han hecho un «grupo minoritario» que se han tomado los colegios.
Sobre la movilización de hoy, la secretaria de Estado afirmó que «estas actitudes no se justifican en estos momentos. Hemos dado cumplimiento total a los compromisos que tomamos, que son de corto alcance, pero que tienen un tremendo significado en el mejoramiento de las condiciones de nuestros estudiantes» como la beca de la PSU, la ampliación de los programas de alimentación, la bonificación por primera vez de las prácticas laborales».
Es por eso que «no hay ninguna justificación para perder clase, no hay ninguna justificación para que estudiantes que quieren llegar a sus establecimientos educacionales se vean impedidos por grupos minoritarios, que en una acción violenta usurpan sus colegios».
Por otra parte, la secretaria de Estado lamentó y expresó su solidaridad al presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, quien el lunes llegó hasta el Liceo de Aplicación con el fin de mediar en el conflicto y recibió insultos y hasta golpes.
En tanto el seremi de Educación, Alejandro Traverso, afirmó que los «grupos minoritarios» que habían participado en toma en algunos liceos capitalinos, «no tienen ninguna disposición de dialogar», por lo que justificó los desalojos de estos establecimientos.
Traverso indicó que la cancelación de matrículas anunciadas por Labbé se ajustan a la ley y son «muy comunes» en estas situaciones, ya que los alumnos que cursan su último año, no tienen posibilidad de recuperarlo.
Explicó que la decisión de solicitar a la fuerza pública despejar dichos recintos, corresponde al fiscal de turno, a quien el Ministerio le solicita que evalúe la magnitud de la situación, con el fin de que no se produzcan «situaciones de peligro».
Finalmente, el vicepresidente de la República, Belisario Velasco, afirmó que no hubo violencia durante los desalojos de los colegios tomados realizados por Fuerzas Especiales de Carabineros y agregó que el mando de la policía uniformada es la que determina los procedimientos.
«Carabineros tiene que cumplir la orden de desalojo solicitada por los alcaldes y en el cumplimiento de sus deberes son los mandos de la policía uniformada disponen la fuerza que se va usar en cada caso», explicó Velasco. «El desalojo de los colegios es una facultad de los alcaldes, quienes pidieron por escrito a Carabineros que procediera», sentenció.
En tanto el intendente de Santiago, Víctor Barrueto, había respaldado los desalojos de los colegios que estaban en toma desde la semana pasada, medidas decretadas por los alcaldes de cada comuna, agregando que actuaron apelando a una «responsabilidad social». (Agencias)