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LA TERCERA, 13 de diciembre de 2006.
Por : Alejandra Muñoz C.

Diez de los 81 integrantes del Consejo Asesor Presidencial de Educación no suscribieron el capítulo de educación superior considerado en el informe final de la instancia. De hecho, pidieron que esto quedara especificado por escrito.

Entre quienes plantearon esta postura están los integrantes del CEP Loreto Fontaine y Harald Beyer, la socióloga Patricia Matte, la académica Luz María Budge, la investigadora de Libertad y Desarrollo, Carolina Velasco, Angélica Prats y los rectores Pedro Rosso, Sergio Lavanchy, Sergio Torres y Manuel Krauskopf.

Entre las propuestas que plantea el capítulo de educación superior, está que todas las universidades publiquen sus balances auditados tal como lo hacen las sociedades anónimas abiertas.

Además, se pide revisar la norma que prohíbe el lucro en la educación superior, para que el sistema sea más transparente.

El documento pide reformas a la composición y atribuciones del Consejo Superior de Educación, para que sus integrantes no representen intereses corporativos.

El documento plantea, entre sus principales puntos, la necesidad de que las instituciones entreguen balances de su gestión.

En cuanto al financiamiento, la idea es que haya dos instrumentos de apoyo del Estado: uno presupuestario y destinado a las 16 universidades estatales y otro por concurso, abierto al resto de los planteles acreditados.

También se proponen mejoras al Aporte Fiscal Indirecto, que se entrega a las instituciones que matriculan a los mejores puntajes en las PSU.

En ese sentido hay varias posiciones, que van desde el cambio en los indicadores que entregan los recursos hasta su eliminación.

Uno de los consejeros a los que no representó esa parte del informe es el rector de la U. Católica, Pedro Rosso, quien sostuvo que “no pudimos hacer un trabajo sistemático de los diferentes temas. No está en el mismo plano que el resto del documento”. Una posición similar plantearon los rectores de las universidades de Concepción, Sergio Lavanchy, y Andrés Bello, Manuel Krauskopf. Ambos coinciden en que seis semanas no fueron suficientes para profundizar temas tan delicados.

Propuestas de cambio

Muchos de los planteamientos contenidos en el capítulo de educación superior del informe del Consejo Asesor implican reformas sustantivas a la situación actual.

Planteamientos del consejo

  • Todas las universidades deberán publicar sus balances auditados, tal como lo hacen las sociedades anónimas abiertas.
  • Revisar la norma sobre el lucro. Actualmente se prohíbe la existencia de lucro en la educación superior, mientras que en la enseñanza escolar se permite.
  • Obligación de realizar cursos remediales o de nivelación para los estudiantes, además de generar currículos integradores con ramos como ética profesional o derechos humanos.
  • El financiamiento estatal sería, en términos presupuestarios, sólo para los 16 planteles del Estado. Para el resto de las universidades habría fondos concursables.
  • Cambios en el Aporte Fiscal Indirecto (AFI): propuestas van desde incorporar el colegio del que egresó el alumno y la universidad a la que ingresa, hasta su eliminación completa y la entrega de estos recursos -que alcanzan a $ 18 mil millones- en forma directa.

Situación actual

  • Hoy sólo tienen obligación de publicar sus balances auditados las universidades estatales, luego de que el año pasado se publicara una ley que contiene la norma.
  • Aunque el lucro se prohíbe, igual existe. Para ello, los dueños de las universidades crean sociedades que, por ejemplo, manejan los inmuebles del plantel o le prestan servicios por los cuales el plantel debe pagar.
  • Hoy la realización de cursos remediales u otros ramos quedan a la voluntad del plantel.
  • El financiamiento estatal directo se entrega hoy a las 25 universidades del Consejo de Rectores, de las cuales nueve son privadas. Los fondos concursables están abiertos para casi todas.
  • El AFI se entrega a todas las instituciones que matriculen a los 27.500 mejores puntajes en las PSU el año anterior. Este año recibieron parte de los $ 18 mil millones la Escuela Militar y la Escuela de Investigaciones.

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