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LA TERCERA. 23 de diciembre de 2006.
Por: Andrea Repetto. CEA-Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.

En su columna de opinión en este medio, Jorge Manzi, miembro del equipo creador de la PSU y del Comité Técnico Asesor del Consejo de Rectores, concluye que la evaluación realizada por esa entidad demuestra que el cambio desde la PAA ha sido beneficioso para los postulantes. Si bien hay diferencias por universidades y carreras, el trabajo estima que el nuevo proceso explica mejor, en promedio, el rendimiento universitario que el sistema anterior.

Sin embargo, el señor Manzi no se hace cargo de las limitaciones que el trabajo tiene, y que han sido discutidas por otros académicos en diversos medios. Por ejemplo, es sabido que  ese tipo de análisis tiene validez limitada, pues trata de alumnos admitidos en el sistema y no de toda la población.

El problema es grave en carreras más selectivas, donde la dispersión de datos es muchas veces inferior a la poblacional. Por ejemplo, un 95% de los ingresos a Ingeniería en la Universidad de Chile, en 2002, lo hizo con más de 750 puntos en la PAA deMatemáticas.

Es difícil capturar la relación entre rendimiento y puntaje de entrada cuando éste casi no varía entre los admitidos. Es decir, buena parte de la capacidad predictiva se pierde en el umbral de entrada a la universidad.

Hubo un cambio importante en la composición de quienes rindieron la última PAA y la primera PSU, limitando la comparación entre las muestras usadas. Muchos rezagados y de colegios municipales se abstuvieron de dar la PSU en su estreno.

Un argumento central en su promoción fue que una prueba de conocimientos sería más justa, dando mayores posibilidades de ingreso a la universidad a quienes poseen menores recursos. Sin embargo, las habilidades -que medía la PAA- están mejor distribuidas en la población que el conocimiento, afectando la entrada de estos jóvenes.

Con la última PAA un 32% de los alumnos admitidos a la Universidad de Chile es de establecimientos municipales. En 2006 esa proporción cayó a 20%. Igualmente, la fracción de respuestas correctas en Matemáticas de los alumnos municipales cayó de 30% a 19%, mientras que la de los particulares siguió constante: cerca de 57%. La PSU, por lo tanto, no favorece a los  estudiantes de menores recursos.

Manzi tampoco indica que el Comité Técnico Asesor no es independiente, pues lo forman, entre otros, los mismos responsables de la creación de la PSU. No es correcto que los únicos que tengan acceso a información para evaluar las políticas públicas sean los mismos que las proponen y promueven. El cambio de la PAA a la PSU se hizo de manera abrupta, y se perdió la oportunidad de realizar las dos pruebas conjuntas por un tiempo, y así entender los efectos de la  modificación del proceso y minimizar los costos sobre el alumnado.

Esas pruebas tienen consecuencias sociales y personales importantes. Es responsabilidad de la autoridad haber generado, desde el inicio, evidencia de que éste era un cambio positivo. ¿Quién responde hoy a los alumnos municipales, cuyo rendimiento se vio perjudicado?

No es un hecho demostrado, por lo tanto, que la PSU elija mejor a los alumnos para la educación superior. Sí que el cambio ha ido en desmedro de los egresados de colegios municipales. Invito al Consejo de Rectores a poner a disposición del público los datos, para que otros puedan analizarlos y evaluar las limitaciones y alcances. También a quienes lo realizaron a discutirlo en centros académicos.

Por último, llamo a la autoridad a no dejarse llevar por la complacencia. Aún es posible discutir y diseñar el modelo que mejor escoja a los alumnos para la educación superior, evaluando su impacto sobre las oportunidades de los jóvenes. Antes de implementar nuevas políticas públicas es un deber demostrar que ellas serán al menos tan buenas como las que se reemplazan.


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