LA TERCERA, 27 de diciembre de 2006.
Por : Carolina Velasco. Economista e Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.
Las decisiones de política pública, especialmente en educación, se deben analizar y evaluar con mucho cuidado, ya que su impacto puede generar consecuencias importantes en las oportunidades y el futuro de las personas. Lo ocurrido con la PSU ejemplifica esta situación. La inasistencia de un 12,5% de los inscritos a las pruebas –el triple que en años anteriores- no debiera sorprendernos, ya que representa una respuesta racional a un incentivo entregado por el gobierno.
El Ejecutivo, producto de las movilizaciones de los escolares, decidió financiar la PSU a todos los jóvenes que pertenecieran a los primeros cuatro quintiles de la población, es decir, potencialmente al 80% de quienes se inscribieran. Así, probablemente quienes en otras circunstancias no se hubiesen inscrito, lo hicieron porque “era gratis”. Pero luego, debieron decidir respecto de rendir la PSU. Si consideramos que las personas toman determinaciones en base a lo que les es más conveniente, quienes saben que no alcanzarán los puntajes para ingresar a la educación superior, al igual que en años anteriores, eligen no asistir a la prueba.
La falta de un mayor análisis y focalización de esta medida gubernamental implicó, al menos, una pérdida de cerca de $500 millones sólo por las inasistencias y no solucionó el problema de fondo. Este es la falta de preparación y de los conocimientos necesarios para rendir una buena prueba de estudiantes que, en general, provienen de las familias más pobres y con bajo capital cultural.
Esta disposición terminó beneficiando a los jóvenes de mayores ingresos, quienes sí se presentaron a la PSU y que, probablemente, hubiesen podido pagarla.
Pero los más pobres no sólo pierden por este hecho, sino también porque la PSU no ha demostrado ser una prueba más equitativa, es decir, no ha permitido a los estudiantes de menores ingresos un mayor acceso a la educación superior (en base a algunas cifras de ingreso a la educación superior), como fue argumentado cuando se decidió reemplazar a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por este nuevo test. Por ello, este año hemos visto surgir algunas propuestas para subsanar la falta de equidad, como por ejemplo, la actual decisión de abrir cupos especiales en las universidades para el 5% de los mejores estudiantes de liceos municipales y particulares subvencionados.
Se debe tener cuidado cuando se plantea que esta prueba está validada. Para poder estarlo, se debe demostrar que cumple con todos los objetivos para los cuales fue creada y también analizar los efectos colaterales que conlleva su aplicación. En este sentido, la PSU aún no ha mostrado los resultados prometidos, con la excepción de un primer estudio que analiza uno de sus objetivos -su validez predictiva-, pero que ha sido cuestionado técnicamente por expertos. Por ello, se requiere avanzar en un análisis más integral y ojalá realizado por externos.
En suma, es necesario mejorar el diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones del gobierno, abordando los problemas desde su raíz. En este caso, mejorando la calidad de la educación y las oportunidades de los más pobres. También, por cierto, analizando los efectos de esta prueba de selección.
Sorpresa de Yerbas Buenas