LA TERCERA, EDITORIAL
Martes 9 de enero de 2007.
Mejorar la educación es clave para mantener los niveles de crecimiento y productividad. Esa frase, pronunciada el año pasado por el titular del Banco Central, expresa un consenso alcanzado hace tiempo en Chile: contar con un sistema de educación de calidad es condición básica para acceder al desarrollo, amén de una herramienta clave para insertarse en la economía globalizada y competir en el exigente mundo moderno.
No obstante, es claro que en cuanto a calidad educativa el país tiene una deuda pendiente. Sin ir más lejos, las movilizaciones estudiantiles de 2006, inéditas por su carácter y masividad, evidenciaron una general insatisfacción con la educación chilena compartida por estudiantes, académicos, apoderados y autoridades, al punto de que el Ejecutivo -que hasta antes de las manifestaciones no tenía la educación entre las prioridades de su programa- tuvo que poner el tema entre las prioridades de su agenda.
Lamentablemente, los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) conocidos ayer confirman una de las debilidades estructurales del sistema educacional chileno en lo que a calidad se refiere: la brecha entre establecimientos públicos y privados. Así, que de los 100 mejores colegios únicamente dos sean municipales da cuenta de un desequilibrio insostenible en el tiempo, pues los establecimientos privados sólo reúnen a cerca del 10% de los escolares del país. ¿Cómo esperar que Chile alcance el nivel de país desarrollado en la próxima generación cuando el 90% de sus estudiantes de Básica y Media reciben lo que a todas luces es una educación deficiente en diversos aspectos?
La propia PSU es una medida de lo poco que se ha avanzado. En efecto, uno de sus objetivos era ser un instrumento de evaluación más equitativo, dado que mide más conocimientos que aptitudes (al contrario de su antecesora, la PAA), por lo que debieran pesar menos en sus resultados factores como el capital social y el origen socioeconómico. No obstante, las cuatro ediciones de las PSU hasta el momento han corroborado que aun cuando los alumnos son evaluados en función de un currículo compartido, la forma y el entorno en que se adquieren los conocimientos son fundamentales en el balance final.
En ese sentido, los establecimientos municipales adolecen de fallas que no logran ser compensadas por la supuesta cualidad equitativa de medir los mismos contenidos. De hecho, así se entiende la decisión de abrir este año cupos especiales en las universidades para el 5% de los mejores estudiantes de los liceos municipales y subvencionados (hay indicios, no obstante, de que la PSU sí cumple el objetivo de ser un mejor predictor del rendimiento futuro en la universidad que la PAA).
La municipalización de la educación, iniciada hace ya 25 años, cumplió su objetivo de elevar la cobertura. Así, al recuperarse la democracia la educación básica cubría a cerca de 97% de los niños en edad escolar. Los problemas se han concentrado desde entonces en la calidad, variable en la que han incidido negativamente la falta de recursos de algunos municipios y las deficiencias de otros en su rol de administradores. A ello se suma la falta de independencia de las escuelas para decidir el uso de los recursos, innovar en sus técnicas de enseñanza y escoger (y evaluar) a sus profesores y directores. En esto último el Estatuto Docente ha sido una piedra de tope, rigidizando el mercado laboral de los profesores y dificultando entregar incentivos a aquellos con un buen desempeño. La actitud reacia de los profesores a la evaluación docente es, por lo demás, decidora.
La solución no pasa por dar marcha atrás en la municipalización, sino por enfrentar problemas hace tiempo identificados. Si ello choca con intereses corporativos, dentro y fuera del Mineduc, es tarea del gobierno ponerles coto.
Termina la Guerra de Corea