LA TERCERA. Harald Beyer. Investigador del Centro de Estudios Públicos
La reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), cuyo proyecto de ley firmó ayer la Presidenta Bachelet, además de darle mayor legitimidad al marco que regula la educación del país, contiene elementos valiosos, destacando la preeminencia que adquiere la preocupación por la calidad de la educación, sumamente descuidada en la institucionalidad actual.
Sin embargo, los anuncios dejan dos tipos de aprensiones. Por una parte, que no resulta evidente qué objetivos se resguardan con algunos de ellos. Por otra, que no son evaluados adecuadamente los riesgos que generan otras medidas.
Ejemplo de lo primero son los mayores requisitos que se imponen a los proveedores de educación, particularmente los privados. En particular, la prohibición de que haya establecimientos con fines de lucro implica negar una larga historia que los ha permitido y olvidar que varios de ellos tienen muy buenos resultados. Por cierto, hay otros con pobres resultados.
Pero también hay establecimientos municipales y particulares sin fines de lucro en ambas categorías. Desde el punto de vista de la calidad de la educación, lo que importa es generar un marco que potencie a los primeros y desaliente a los segundos, sin importar su naturaleza jurídica. ¡La calidad de la educación no se va a aumentar por secretaría!
Medidas riesgosas son aquellas que prohíben la selección. Por un lado, ponen en riesgo la libertad de enseñanza, porque ésta no sólo consiste en la oportunidad de elegir establecimientos que tienen los padres, como habitualmente se afirma. También tiene que ver con la posibilidad de cautelar que la comunidad de valores que los llevó a seleccionar ese establecimiento en particular pueda preservarse en el tiempo. En caso contrario, la libertad de enseñanza no es más que un derecho de papel.
En casos específicos, la selección puede ser necesaria para cautelar esa comunidad de valores o un proyecto educativo particular.
Pero más grave es la prohibición de exámenes de selección en la educación básica. La consecuencia más evidente es retrasar en dos años el inicio de los liceos públicos de excelencia.
La medida refleja una cuestionable desconfianza hacia los mejores, escudada detrás de la aseveración de que las variaciones en el rendimiento educativo se explicarían, casi exclusivamente, por diferencias en un capital cultural que, a su vez, se basa en una discutible evidencia agregada que queda muy diluida cuando se la analiza a nivel de los estudiantes.
El efecto práctico es obligar a estudiantes talentosos de sectores medios y bajos a permanecer demasiado tiempo en una educación mediocre, alejándolos aun más de los estudiantes de familias de altos ingresos que tienen la posibilidad de “escapar” a la educación privada. Es un retroceso evidente en la aspiración por mayor igualdad de oportunidades, como han comprobado los países que “renegaron” de sus liceos públicos de excelencia.
