LA TERCERA. Viernes 25 de mayo de 2007. Por Alejandra Muñoz
No sólo facultades para intervenir y cerrar todo tipo de colegios tendrá la Superintendencia de Educación propuesta por el gobierno. La nueva instancia pasará a controlar todos los sistemas de evaluación de la calidad escolar, lo que implica que se hará cargo de la prueba Simce y de las mediciones internacionales en las que participe Chile.
Así lo establece el proyecto de ley que crea el nuevo organismo, y que fue firmado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet. La entidad, además, se encargará de entregar la información que se genere a partir de estas mediciones.
Así, el Ministerio de Educación definirá los estándares de calidad en la enseñanza, los que deben ser visados por el Consejo Nacional de Educación y evaluados por la superintendencia. Además, el Consejo deberá evaluar un plan quinquenal de mediciones nacionales e internacionales.
La Presidenta explicó que la superintendencia deberá fiscalizar y evaluar al sistema escolar, a lo que se sumará tomar medidas para revertir la mala calidad de la enseñanza. “Se va a sancionar debidamente a los infractores. Incluso, en el caso que sea necesario, si hay incumplimiento gravísimo, la posibilidad de revocar el reconocimiento oficial, que algunos colegios podrían perder por no cumplir con los estándares a los que se comprometió”, dijo.
Bachelet agregó con dureza que espera que “nadie se venga a escudar en una falsa libertad. Acá no va a haber libertad para hacer mal uso de los recursos públicos, ni para atentar contra el buen funcionamiento de colegios, ni mucho menos para negar las condiciones adecuadas a nuestros estudiantes”.
La revocación del reconocimiento oficial será la medida más extrema a aplicar en el caso de deficiencias de los establecimientos. Otra será realizar mediciones consecutivas del Simce con bajos resultados. Antes de llegar a ese punto, la Superintendencia podrá ordenar la intervención transitoria del colegio, que será ejecutada por el Ministerio de Educación.
Nuevas funciones
Otra de las atribuciones del organismo que considera el proyecto de ley es visar los procesos de evaluación docente que realizan los colegios particulares subvencionados.
Según el proyecto de ley general de educación, estos recintos podrán mantener sus propias calificaciones, pero deberán ser vistas antes por el organismo fiscalizador.
Los colegios privados no tendrán la obligación de hacer este procedimiento, pero podrán pedirlo voluntariamente. En el caso de los colegios privados, la superintendencia podrá actuar –incluso revocar el reconocimiento oficial- si hay denuncias o quejas. Será en este organismo, una vez que comience a funcionar, donde las personas tendrán “derecho a pataleo”, como lo definió la Presidenta Bachelet.
En cuanto al manejo de recursos, la superintendencia podrá pedir realizar visitas de inspección a los colegios que reciben recursos fiscales para funcionar, y ordenar auditorías a la gestión de los sostenedores.
Sorpresa de Yerbas Buenas