Columna de opinión
Por Patricia Matte
Publicado en Revista Qué Pasa. el 3 de junio de 2006
Desde hace más de una década existe una visión consensuada sobre lo que se debe hacer en educación. Dicha visión reconocía el retraso de nuestro país en este aspecto vital, no sólo para avanzar en el desarrollo, sino para que Chile fuera más justo. Este diagnóstico era extremadamente claro sobre los ingredientes necesarios para producir un cambio estratégico en la dirección correcta. Por una parte, se habló de un aumento de recursos; por otra, de un cambio del marco institucional en el cual estaba inserto el sistema de educación.
Respecto al financiamiento, sabemos que el presupuesto de educación es hoy cuatro veces mayor que el que existía a principios de los años noventa. De todas maneras, creo que este monto es aún insuficiente para entregar una educación de calidad. Según la experiencia de las escuelas con las que trabajo -que atienden a una población de nivel socioeconómico medio y bajo-, sólo para cubrir los gastos operacionales al mes se requiere de un mínimo de $ 43.000 por alumno. Ello no incluye la inversión en infraestructura.
Por eso creo que se deben realizar estudios serios y técnicos sobre los montos reales de la subvención por alumno que requiere un establecimiento educacional para funcionar entregando calidad en el siglo XXI.
Se requiere también considerar lo que significa el costo adicional de educar a un niño que proviene de una familia en situación de vulnerabilidad económica y cultural. Esto último es sumamente importante, ya que hoy la subvención no distingue el costo de educar a cada estudiante. Por tanto, estableciendo una subvención diferenciada, se iguala el acceso a las oportunidades de aquellos alumnos que están en desventaja.
Respecto al contexto institucional en el cual hoy se desarrolla el sistema educativo, si bien ha habido tímidos avances -como la introducción de una aproximación de evaluación docente, la descentralización en el manejo de algunos recursos por parte de los establecimientos municipales, el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED) o la concursabilidad de los directores, aún queda mucho por avanzar.
El principal problema en este aspecto se da porque las escuelas y liceos no cuentan hoy con las herramientas básicas para gestionar en forma adecuada sus establecimientos. Por ello, es injusto responsabilizarlos por sus resultados. No se saca nada con exigir cuentas a los directores de un establecimiento educativo cuando éstos no pueden tomar decisiones respecto al uso de sus recursos, ya sea financieros, humanos o pedagógicos. Dado que la solución pasa, justamente, por responsabilizar a cada uno de los actores del sistema, de forma que busquen soluciones adecuadas para cada realidad, es que resulta indispensable que cuenten con los instrumentos para que puedan ejercer liderazgo.
Otro aspecto crítico, reconocido tanto por sostenedores -privados y públicos- como por los ministros del ramo, es el Estatuto Docente. Si revisamos qué se ha hecho por disminuir la inflexibilidad que genera esta ley, vemos que no ha habido avances significativos. La negociación sobre los salarios de los profesores sigue siendo centralizada entre el Mineduc y el magisterio, donde los sostenedores y directores municipales, que son quienes están a cargo de los establecimientos, no tienen derecho a voz ni a voto. Además la estructura de remuneraciones premia en mayor medida la antigüedad que el desempeño de los maestros. En efecto, desde 1990 ha habido un aumento importante de los salarios mínimos y promedio de los profesionales de la educación, que no ha estado en consonancia con los resultados educativos.
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Lo que se debe hacer es cambiar el contexto actual, de manera que se estimule a todos a hacerlo mejor, que se premie a quienes se esfuercen y que se sancione a quienes están perjudicando el futuro de los estudiantes. No dejemos pasar esta oportunidad de ir al fondo de los cambios que se requieren en el sistema educativo. |
Por otra parte, la reforma curricular implicó un aumento de los contenidos en algunos niveles, los que deben ser incluidos en los programas de todas las escuelas del país. Con ello cada vez queda menos espacio para los proyectos educativos propios de los establecimientos educacionales, que respondan a la diversidad de aspiraciones de los apoderados y de los alumnos y a la heterogeneidad de las necesidades socioeconómicas y culturales de nuestro país.
La Jornada Escolar Completa obligatoria es otra medida que da cuenta de la limitación de la autonomía de los establecimientos. Si bien en un principio pareció conveniente esta decisión -ya que significa mayor número de horas de clases por parte de los niños-, cabe mencionar que la relación tiempo-rendimiento no es directa, lo que quiere decir que más horas en la escuela no necesariamente se traducirán en mejoramientos de la calidad de la enseñanza, sobre todo cuando no hemos reformado el contexto en el cual opera el sistema y los estímulos a los profesores.
Por lo demás, la evidencia internacional no es concluyente respecto de los efectos que tiene una medida como ésta. Parece evidente que un colegio que no funcionaba con media jornada, tampoco iba a hacerlo con jornada completa. Por eso es entendible que los alumnos hoy estén criticando esta medida porque no ha producido un cambio en la calidad de los aprendizajes: ellos mismos reconocen que no están aprendiendo más.
Así como ésta, se han implementado una serie de otros proyectos en forma centralizada, sin considerar la opinión de los directores y profesores en cuanto a las necesidades específicas de cada escuela. Un ejemplo claro es el proyecto Enlaces, en el que la inversión en infraestructura informática fue enorme y en muchos establecimientos ésta se perdió producto de que no contaban con los elementos de base que les permitieran aprovechar esos recursos para mejorar la calidad de la educación. Probablemente, en estas escuelas se habría logrado un mayor impacto en términos de calidad, utilizando estos mismos recursos en cubrir otras necesidades más prioritarias según sea su proyecto educativo.
Por tanto, lo que se debe hacer en este sentido es cambiar el contexto, de manera que se estimule a todos a hacerlo mejor, que se premie a quienes se esfuercen y que se sancione a quienes están perjudicando el futuro de los estudiantes. No dejemos pasar esta oportunidad de ir al fondo de los cambios que se requieren en el sistema educativo.
Tampoco olvidemos que mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes hoy día es el foco de la discusión.
Termina la Guerra de Corea