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Fecha de edición: 24.06.2008  

El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo informó que la Ley General de Educación (LGE), que actualmente está radicada en el Senado, se tramitará con urgencia simple, es decir, tendrá un plazo de discusión de 30 días por cada rama legislativa.

«La Presidenta pondrá urgencia simple y vamos con el mejor espíritu con el debate parlamentario», expreso Viera-Gallo. Al parecer, el gobierno no quiere repetir la mala experiencia vivida en la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios de la Concertación pusieron en peligro la aprobación del proyecto de la LGE, reclamando el escaso tiempo para el debate de la iniciativa.

El secretario de Estado indicó que mantiene su optimismo en cuanto a que esta ley pueda avanzar en una discusión rápida. Agregó que «es una muy buena ley porque establece estándares de calidad para los establecimientos del sector privado y público, y la posibilidad de saber si estos han cumplido o no con sus objetivos educacionales».

Además, el ministro comentó que «en la comisión de Educación del Senado está el proyecto de Superintendencia, que ya fue aprobado en general. Nosotros vamos a realizar las indicaciones para que se ajuste al acuerdo suscrito sobre materia educacional y esperamos ingresar esas indicaciones lo antes posible».

Cabe recordar que, por 96 votos a favor, 12 en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de LGE. Este regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que se exigirán en cada nivel y regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento.

La iniciativa pasó a tramitación al Senado con la aprobación de dos indicaciones. Una de las cuales –presentada por el Ejecutivo- establece que «es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos, se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones. Y especifica que dichos establecimientos tendrán la obligación de proveer una educación pública de calidad, pluralista y que promueva la integración social.»

El proyecto de ley comenzará su tramitación durante julio en el Senado, donde se requieren 2/3 de los parlamentarios presentes en la sala para ser aprobado.

La Tercera.com/Agencia Orbe


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