Fecha de edición: 16.04.2008
El Senado aprobó este miércoles la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste, por lo que se transforma en la primera secretaria de Estado en ser destituida desde el año 1973.
Con esta decisión, Provoste queda imposibilitada de ejercer algún cargo público por un período de cinco años.
El Senado votó por separado los cinco capítulos de la acusación presentada por diez diputados de la Alianza. Sólo bastaba que uno de los capítulos fuera aceptado para que Provoste fuera destituida.
Y así fue, sólo fue aprobado el capítulo primero, por 20 votos a favor y 18 en contra. Se pronunciaron a favor todos los senadores de la Alianza, además de los cuatro parlamentarios que componen el comité independiente: Adolfo Zaldívar, Fernando Flores, Carlos Cantero y Carlos Bianchi.
En el capítulo primero se afirma que Provoste no corrigió las «graves» infracciones e irregularidades cometidas por la seremi de Educación Metropolitana en materia de recursos públicos.
Antes de pasar al Senado, la acusación constitucional había sido aprobada el jueves 3 de abril en la Cámara de Diputados, por 59 votos a favor y 55 en contra, más dos abstenciones.
La acusación
El libelo acusatorio fue presentado el pasado viernes 7 de marzo por los diputados de RN, Mario Bertolino, Germán Becker, René Manuel García, Rosauro Martínez y Alfonso Vargas, y los diputados de la UDI, José Antonio Kast, Enrique Estay, Iván Moreira, Juan Masferrer y Darío Paya. Esto, tras conocerse una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el Mineduc, por pagos irregulares de subvenciones escolares a sostenedores privados por un monto de $260.000 millones.
En el documento, de más de cien páginas, se argumentaba la acusación señalando que la Ministra infraccionó la ley de Subvención, de Probidad, de Base de la Administración del Estado, la específica que rige al Ministerio de Educación y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce).
Entre los cargos, se criticó a Provoste por no destituir de su cargo al Seremi Metropolitano de Educación, Alejandro Traverso, al que sólo suspendió por dos meses, desconociendo la recomendación de la Contraloría.
Agencias
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