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En agosto de 1792, los jacobinos y los hebertistas –seguidores de Jacques-René Hébert, líder de las masas populares parisienses denominadas los sans-culottes (descamisados)– asaltaron el Palacio de las Tullerías y declararon un nuevo gobierno popular, la Comuna. El rey fue acusado de hacer causa común con los enemigos de la nación.

El 20 de septiembre, la Asamblea fue abolida y se eligió mediante sufragio universal una Convención Nacional, que debía preparar una nueva constitución. Se instauró la república y se implantó un nuevo calendario laico.

La Convención estaba dividida en: girondinos o la derecha (160 diputados), que representaban a la gran burguesía y querían una república conservadora; montañeses o jacobinos en la izquierda (140 diputados), defensores de una república democrática, apoyados por la pequeña y mediana burguesía, y el pantano o la llanura (350-400 diputados), que era la postura de centro, donde se ubicaba la mayoría.

El 21 de enero de 1793, la Convención ordenó la ejecución de Luis XVI en la guillotina. Esta decisión dividió aún más a jacobinos y girondinos. En París, los sans-culottes detuvieron a los dirigentes girondinos, mientras en otras ciudades se produjeron levantamientos contra el régimen revolucionario.

Para controlar la situación, los jacobinos organizaron el Comité de salvación pública, que pretendía desarrollar un programa democrático de gobierno, detener la expansión de las ideas contrarrevolucionarias y finalizar la guerra con Europa. Quedó integrado por doce miembros bajo la presidencia de Maximilien de Robespierre.

El 10 de octubre de 1793, se suspendió la constitución que se había promulgado en junio y se inició «el terror o dictadura de Robespierre». Aristócratas, monárquicos, contrarrevolucionarios, e incluso girondinos que habían participado de la Convención, fueron fusilados, ahogados o decapitados.

En marzo de 1794, Robespierre hizo guillotinar a los representantes de los hebertistas y a los elementos más radicales de la comuna de París, sustituyéndolos por gente de su confianza. También mandó a la guillotina a los jacobinos moderados, como Danton, acusado de traicionar a la revolución.

Robespierre fue destituido y ejecutado, junto a su amigo Louis Antoine de Saint-Just, el 27 de julio de 1794. Durante su dictadura habían muerto unas cuarenta mil personas.

La Convención volvió a predominar sobre el Comité de salvación pública y la Comuna de París, y con ello la gran burguesía, el sector más conservador, recuperó el poder.

Un nuevo giro de timón

A fines de 1795, se promulgó una nueva constitución, que incluía la separación de los poderes ejecutivo y legislativo. Se disolvió la Convención y por sufragio censitario se escogió un organismo legislativo de dos cámaras: la baja, o Consejo de los Quinientos, y la alta, o Consejo de los Ancianos. Estos elegían a los cinco miembros del Directorio, que sería el encargado del poder ejecutivo.

El Directorio resultó ineficiente y corrupto. Las clases bajas, privadas del derecho a voto, estaban descontentas. Además, la guerra y la inflación –alza de los precios– continuaban. Nuevamente aumentaron los partidarios de la monarquía.

En mayo de 1797, el sector radical, encabezado por Francois-Noël Babeuf, organizó la «conspiración de los iguales», que perseguía la distribución equitativa de las tierras y los ingresos. Esta fracasó en su intento de tomar el poder y frenar el giro conservador que estaba dando el Directorio.

En 1797 se celebraron elecciones, en las que se eligió a un gran número de monárquicos. El Directorio decidió violar la constitución y el 4 de septiembre de 1797, con la ayuda de Napoleón Bonaparte –el comandante en jefe del ejército francés que estaba logrando importantes victorias contra los pueblos enemigos– y sus tropas, anuló las elecciones.

En 1799, Austria, Rusia y Gran Bretaña formaron una coalición que logró algunos triunfos sobre las fuerzas de Napoleón. Al mismo tiempo, en Francia había inestabilidad social y política. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte protagonizó un golpe de Estado por el que el poder ejecutivo pasó a un Consulado. Esta nueva institución consolidó a la burguesía como clase social dominante.


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