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Por: Sergio Martinic, Profesor Facultad Educación UC, miembro del Consejo Asesor Presidencial de Educación.
Fuente: La Tercera, 28 septiembre, 2006.

Es difícil entender la movilización de los profesores en el marco del proceso de negociación con el Mineduc actualmente en curso. En efecto, cualquier ciudadano puede concluir que no es bueno llamar a una paralización cuando aún no se conoce la respuesta del gobierno a un petitorio que, según acuerdo de las partes, tiene un calendario preciso y diversas etapas de conversación.
Por ello, a modo de hipótesis, lo que está en juego es el protagonismo que pueden tener los profesores en el debate y en las futuras decisiones sobre el diseño institucional y las políticas educativas que deben surgir a partir de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial.
Estamos en un momento rico y complejo de conversaciones y que es una gran oportunidad para el Colegio de Profesores para hacer escuchar los planteamientos que viene construyendo desde hace más de 20 años. Revisemos algunos de los hitos de este proceso.
Desde la municipalización en los 80 los profesores han sido afectados por cambios que han transformado su posición en la sociedad. Con ésta perdieron el estatus de empleados públicos y un rol preponderante en el llamado Estado Docente, también en transformación. Desde entonces sus demandas se han organizado, entre otros, en torno a la defensa de la educación pública y una dignificación del trabajo docente.
Una de las primeras iniciativas del gobierno de Patricio Aylwin fue la de preparar el “Estatuto Docente”, aprobado en 1991. Con ello se pretendió, por una parte, reparar el deterioro que habían tenido los docentes con la municipalización y, por otro, regular nuevas condiciones laborales que garantizaran estabilidad laboral y desarrollo de la profesión docente. Si bien es cierto el estatuto le ha dado gobernabilidad al sector, hoy día se cuestiona la rigidez de algunas de sus normas, ya que afectan la gestión y calidad de la educación municipal.
En 1997 el Colegio de Profesores organizó el primer congreso nacional de educación. En lo fundamental el texto resultante fue crítico a las políticas implementadas por los gobiernos de la Concertación, planteando que, en lo sustantivo, éstas no cambiaban el modelo diseñado durante el régimen de Pinochet. Desde entonces, el discurso del colegio ha insistido en un cambio de paradigma de las políticas; ha cuestionado la Loce, la  municipalización y ha reclamado por una educación pública, gratuita, de calidad y equitativa.
A comienzos de 2000 se inicia una nueva fase en la relación del colegio con el Estado. La firma de un acuerdo con el entonces candidato Ricardo Lagos resultó en un protocolo del, cual, entre otras cosas, proviene el diseño del actual proceso de evaluación docente. El colegio se opuso siempre a la idea de un sistema punitivo y que fuera un simple aval del despido de profesores y sólo en 2003 se encontró la fórmula adecuada mediante una comisión tripartita (municipios, profesores y Ministerio de Educación).
En el actual contexto, los profesores quieren tener una voz más fuerte e incidir en decisiones que, a su juicio, fortalezcan una educación pública de calidad. El tiempo dirá si este movimiento fue funcional a sus planteamientos.


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