LA TERCERA, 18 de noviembre, 2006.
Por Pablo González.
Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, y consultor equipo de Desarrollo Humano, PNUD.
El proyecto de ley de subvención preferencial, que se tramita actualmente en el Congreso Nacional, pretende quebrar más profundamente nuestra historia de reproducción de las desigualdades, enfrentando la desigualdad de resultados.
Esencialmente, establece un incremento de $ 18 mil mensuales en la subvención educacional para los alumnos provenientes de hogares considerados vulnerables. Originalmente el proyecto establecía ese monto entre prekínder y cuarto básico, pero el trámite en el Congreso lo extendió a toda la enseñanza básica, aunque con valores gradualmente decrecientes.
El hecho de que ese incremento sea por alumno es coherente con el mecanismo de financiamiento actual y corrige un error de diseño que el sistema venía arrastrando desde su origen, pero sobre el cual no existía tanta conciencia como en la actualidad.
En efecto, en algún momento se pensó que bastaba ofrecer similares posibilidades de acceso a, esencialmente, iguales condiciones de enseñanza. La evidencia internacional sobre determinantes de los aprendizajes, acumulada desde fines de los 60 hasta hoy,
corrobora sistemáticamente una fuerte relación inversa entre los aprendizajes y el nivel socioeconómico o educacional de los adultos del hogar.
Todos los países desarrollados toman en cuenta esto compensando a los alumnos de escuelas ubicadas en zonas más pobres con mayores recursos o dedicando una atención preferencial a estos alumnos. En Chile ocurre lo contrario: los recursos de que disponen las escuelas son inversamente proporcionales al nivel socioeconómico o educacional de los hogares.
El proyecto en trámite es un ejemplo de “buena política”, que merece ser destacado. En primer lugar, porque integra la evidencia nacional e internacional, proveniente de la investigación en distintas disciplinas.
En segundo lugar, porque no se plantea una gran revolución que transforme radicalmente el sistema escolar, sino que ataca las causas de algunos de los resultados deficientes que observamos en la actualidad.
Esta falta de equidad ha existido por siglos, pero la corrección debe hacerse allí donde el sistema actual falla, no donde nuestra ideología o nuestros intereses se sientan más cómodos.
En tercer lugar, porque el trámite en el Congreso ha perfeccionado el proyecto original. La extensión de la subvención preferencial hasta octavo año básico es un ejemplo de ello. A eso debe agregarse la eliminación de la disposición que otorgaba menos recursos por alumno a las escuelas clasificadas “en recuperación”, es decir las que obtenían más bajos resultados.
Sin embargo, tres temas centrales aún no están resueltos. Primero, el proyecto no toma en cuenta uno de los problemas más discutidos en la investigación sobre los determinantes de los resultados de aprendizaje: el llamado “efecto pares”. La subvención preferencial depende sólo de las características socioeconómicas individuales del niño, pero se sabe que mientras mayor sea la concentración de alumnos vulnerables en un establecimiento o en un curso, el efecto del nivel socioeconómico individual se refuerza.
Hacerse cargo de este problema requeriría que los recursos crecieran en función de la proporción de alumnos vulnerables en una forma no lineal que, idealmente, sería necesario estimar empíricamente, y, al igual que el monto de compensación por alumno, evaluar periódicamente.
Segundo, no hay unanimidad respecto de prohibir la selección y expulsión por parte de los establecimientos, y hasta el momento la mayoría oficialista ha logrado impedirla sólo hasta el primer ciclo básico.
En Estados Unidos, la comisión que ha analizado la introducción de un sistema de “vouchers” semejante al chileno es clara en recomendar un sistema aleatorio de selección de los estudiantes. ¿En qué otro sector de actividad se permite a los oferentes discriminar a qué consumidores van a atender y a quienes no?
Tercero, no se avanza suficientemente en términos de establecer garantías exigibles y una mayor transparencia. Una vez que se hayan corregido las desigualdades de recursos ya no habrá excusas para los malos resultados.
En otros rubros de actividad, una mala empresa simplemente quiebra. ¿Es justo que los estudiantes sigan siendo perjudicados por la ineficiencia de una escuela de mala calidad? ¿Otra generación de niños y sus familias perderá su tiempo y sus esperanzas porque seguiremos, como sociedad, protegiendo la mediocridad?
Incorporar responsabilidad por resultados en el caso del sistema escolar requiere más que una simple obligación de asesoramiento técnico externo con la esperanza de que eso llevará, algún día, a una escuela a mejorar.
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor