LA TERCERA. Opinión de Cristián Bellei y Juan Pablo Valenzuela. Programa de Investigación en Educación, Universidad de Chile.
Nuestro sistema educacional no garantiza la existencia de buenas escuelas y liceos que sean accesibles para los hijos de las familias con menos recursos económicos. Las nuevas reglas del juego propuestas en la Ley General de Educación ¿contribuirán a resolver este problema?
Simplificando las cosas, podemos decir que tenemos tres desafíos: cómo hacer que los actuales establecimientos mejoren su calidad en un plazo razonable, cómo hacer para cerrar o intervenir drásticamente a los establecimientos que -entregando muy mala calidad- sean incapaces de mejorar, y finalmente cómo hacer para que los nuevos establecimientos que se abran sean significativamente mejores que los existentes.
¿Cómo mejorar las escuelas existentes? La Ley pone mucho énfasis en establecer mayores exigencias de calidad, mejor evaluación y eventualmente sanciones para quienes no progresen; además postula un mayor compromiso del Estado con los sectores menos privilegiados. Todo esto es muy necesario; pero es también insuficiente. Los procesos de mejoramiento educativo requieren tiempo, recursos y –sobre todo- generación de capacidades a la base del sistema. Ciertamente, estas materias son más propias de las políticas y programas que de las leyes marco. Quedamos a la espera de los demás anuncios de la Presidenta. Adicionalmente es necesario fortalecer la capacidad de elección de los padres por aquellos establecimientos de mayor calidad, no sólo proveyendo mayor información sobre los resultados, sino también eliminando las principales trabas que reducen las posibilidades de elección para las familias de menores ingresos. En este sentido, el proyecto de ley va en la dirección correcta al limitar el derecho de los colegios a discriminar entre estudiantes igualmente interesados en su proyecto educativo. Sin embargo, es necesario complementar esta medida con la de impedir que la elección de los padres esté determinada por su capacidad de pago, lo cual implica asegurar la gratuidad en todos los colegios financiados con aportes del Estado y no sólo en los municipales. Por lo demás, una característica común a todos los sistemas educacionales de calidad, incluyendo a los países europeos donde se aplican sistemas de vouchers.
¿Qué hacer con las escuelas que no mejoran? La nueva ley propone sancionar a quienes entreguen un servicio de mala calidad. También ha ampliado el concepto de “calidad”, considerando no sólo los resultados del Simce, sino también el respeto por los derechos de los estudiantes y sus familias, la no discriminación, la ejecución de un proyecto de mejoramiento educativo, etc. Para que un sistema de sanciones orientado a la calidad funcione, se requieren, al menos, tres condiciones: que las escuelas hayan contado con los recursos, las oportunidades y el tiempo necesario para mejorar; que el sistema en su conjunto sea justo y no exista “competencia desleal” entre las escuelas (por ejemplo, que algunos pueden seleccionar, expulsar y cobrar a los alumnos, mientras otros no); y que se cuente con herramientas efectivas de reingeniería o con alternativas de mejor calidad para esos alumnos. De lo contrario el remedio podría resultar peor que la enfermedad.
¿Cómo asegurar que las nuevas escuelas que se abran sean mejores que las existentes? La nueva ley agrega requisitos más exigentes para los sostenedores. Podemos discutir si en la propuesta están todos los requisitos que debieran y si no habrá alguno excesivo, pero es evidente que ella busca resolver algo que el sentido común de la ciudadanía y la investigación científica saben: para que una escuela o liceo sea de calidad, las exigencias de la Loce son insuficientes.
Con todo, la propuesta no aborda ciertos aspectos que podrían ayudar en este sentido. Por ejemplo, un requisito adicional para abrir colegios y sobre todo para recibir recursos públicos debiese ser demostrar que efectivamente el país necesita nuevos colegios en la zona en que se pretende instalar. Otra posibilidad es hacer una separación más clara, distinguiendo entre requisitos para ser “sostenedor” y requisitos para abrir una nueva “escuela”, lo que permitiría ensayar fórmulas como ser más estricto con sostenedores “primerizos” y menos restrictivo con los de demostrada capacidad de gestión. Finalmente, el reconocimiento oficial podría ser más parecido a un proceso gradual de certificación, en el que todos los entrantes permanecen un tiempo “a prueba” hasta demostrar sus capacidades. En otras palabras, en este aspecto, la propuesta de ley podría ser más audaz.
