LA TERCERA. Opinión de Dante Contreras y Gregory Elacqua. PNUD, Departamento de Economía de la U. de Chile y Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez
El lunes 10 de abril se envió al Congreso el proyecto de ley general de educación sobre el cual hemos observado un acalorado debate en dos de los 12 aspectos que contempla: selección y lucro.
Hay que reconocer que el cambio se explica debido a la mala calidad de la educación subvencionada. La situación es crítica y se requieren reformas profundas que permitan avanzar hacia una educación de calidad. Por eso, una mayor exigencia a sostenedores (municipales y subvencionados), como lo estipula el proyecto, parece urgente y razonable. Hasta ahora nuestro esquema de subvención a la demanda paga a los sostenedores por niño matriculado y no por su aprendizaje. Una medida de este tipo requeriría de un mayor esfuerzo de los sostenedores, y generar un sistema nacional de evaluación y de logros de aprendizaje, que sea exigente y se ajuste de manera paulatina hacia mayores requerimientos. Al mismo tiempo, esto obliga al Gobierno, a través del Ministerio o la futura Superintendencia, a desarrollar una mayor fiscalización de logros.
Por otra parte, la propuesta ha generado una serie de críticas. Nos parece que un tema de esta importancia debe ser discutido y debatido a la luz de la evidencia disponible.
Se argumenta que esta propuesta representa “cambios en las reglas del juego.” Nos parece que efectivamente es así. Los malos resultados educacionales, que afectan al 90% de nuestros niños, exigen reformas profundas. No podemos olvidar que el objetivo final es la calidad de aprendizaje de los niños.
Respecto a la selección, nuestro sistema educacional permite que las escuelas particulares subvencionadas seleccionen a sus alumnos en función al ingreso de los hogares, características de sus padres, habilidades de los alumnos y por razones religiosas. De acuerdo a la información oficial, pública y reciente, contenida en la base de datos SIMCE 2005, la selección de alumnos por parte de las escuelas particulares subvencionadas es una práctica generalizada. El 55% de los padres reportan que fueron sometidos a algún proceso de selección, siendo la selección por habilidad la más utilizada.
Adicionalmente, las escuelas municipales tienen prohibido seleccionar alumnos. Y la subvención es pareja entre ambos tipos de dependencia. La literatura (Epple y Romano, 1998) muestra que un diseño de este tipo conducirá a una significativa segregación de alumnos. Esto se confirma con la realidad: alumnos más hábiles y con mejor capital social son más baratos de educar, y por lo tanto son seleccionados por aquellas escuelas a las que se les permite hacerlo. Los incentivos son obvios. Adicionalmente, a través del “efecto pares”, escuelas con mejores alumnos obtendrán mejores resultados por este simple efecto, generándose una competencia asimétrica. Existen dos mecanismos para evitarla. El primero es prohibir la selección. El segundo es reconocer que es más costoso educar alumnos menos hábiles y con menor capital social. Para ello, se requeriría que la subvención fuera mayor para los alumnos de estas características (efecto directo) y además se debiera sumar un mayor aporte debido al efecto pares (efecto indirecto). Naturalmente, este ajuste también podría ser calificado como un “cambio en las reglas del juego”, pues significaría cambiar la subvención pareja y dirigida a la demanda, a un esquema intermedio de subvención a la demanda y oferta.
Además, al comparar la brecha de rendimiento público -privado, controlando por nivel socioeconómico de los alumnos y los criterios de selección se observa que dicha brecha tiende a cero. Es decir, no existen diferencias significativas en la educación provista por el sector particular subvencionado y municipal. Vale la pena recordar el contexto: los resultados educacionales de nuestros alumnos en pruebas internacionales son malos, y esto es responsabilidad de todos los involucrados.
El espíritu de la propuesta busca resguardar la no discriminación de niños al inicio de su proceso educativo, en particular por razones socioeconómicas. Una selección posterior, meritocrática, parece razonable para estimular y potenciar el desarrollo de talentos. Algunos han pedido que se permita la selección por habilidades desde sexto y no octavo para no terminar con los liceos emblemáticos. Nos parece que debe existir un argumento técnico para decidir cuál es el momento oportuno. Por último, debemos recordar que no se legisla para proteger las escuelas y algunas familias en Santiago, sino para todos los alumnos chilenos.
Prohibir la selección no limita la libertad de enseñanza. Los establecimientos pueden elegir su proyecto educativo. Sin embargo, nuestro diseño institucional se define a través de un subsidio a la demanda, donde son las familias quienes eligen una escuela. Con ello, los padres dispondrán de una mayor oferta educativa. No parece razonable que se discrimine a familias, a quienes, optando por un proyecto educativo, se les niega el acceso a determinadas escuelas. El objetivo final es extender las oportunidades a toda la población y no sólo a los hijos de familias bien conectadas y motivadas. En suma, eliminar la selección presionaría a las escuelas a mejorar su calidad y no sólo la calidad de sus alumnos. Una escuela de calidad es aquella que logra buenos resultados con los alumnos que elijan esta escuela y no los alumnos elegidos por ésta.
El otro tema ampliamente debatido es el lucro en la educación. Como no existe evidencia respecto a qué tipo de establecimiento lo hace mejor o peor, es nuestro parecer que la discusión sobre este tema es secundaria. Si una escuela lucra y genera un buen servicio educacional, esto no debiera ser obstáculo para su operación. En cambio, si una escuela persigue fines de lucro y entrega pésimos resultados educacionales, entonces ese sostenedor no debiera participar más en el sistema educativo. Debemos recordar que esta propuesta contempla la definición de estándares mínimos de calidad exigentes y fiscalización de los mismos.
Muere Evita