Fecha de edición: 11.03.2008
Cinco diputados de la Concertación resultaron sorteados este martes para integrar la comisión que deberá decidir sobre la pertinencia de la acusación constitucional, presentada por legisladores de la Alianza por Chile, contra la ministra de Educación, Yasna Provoste.
El procedimiento efectuado en el Congreso, en Valparaíso, entregó los nombres de Jaime Quintana, René Alinco y Eugenio Tuma, miembros del Partido Por la Democracia (PPD); además de Samuel Venegas, del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), y Raúl Sunico, del Partido Socialista (PS).
Respecto al resultado del sorteo, la ministra de Educación lo atribuyó a la «justicia divina», señalando: «Nosotros siempre hemos señalado que en esta acusación constitucional no hay mérito jurídico, las constitución, la legalidad está de nuestra parte (…), este es un sorteo como está constituido en la Constitución y uno podría decir que esto es parte de la justicia divina, pero creemos que aquí claramente una institución de nuestro país va a actuar apegada a la ley», afirmó Provoste.
Provoste agregó que, a pesar de sentirse víctima de una «injusticia» por parte de la oposición, «nada nos hará desfallecer ni aminorar nuestras fuerzas en este camino por ir generando igualdad de oportunidades. Tenemos enormes logros por los cuales sentirnos orgullosos en distintas materias. En educación también este es un año donde por primera vez vamos a tener una subvención diferenciada, para aquellos alumnos que provienen de familias que les ha tocado enfrentar una vida más difícil, con el objeto de poder equiparar las desigualdades de origen», subrayó.
La acusación
La acusación constitucional contra la ministra Provoste fue presentada la semana pasada por los diputados de RN, Mario Bertolino, Germán Becker, René Manuel García, Rosauro Martínez y Alfonso Vargas, y los diputados de la UDI, José Antonio Kast, Enrique Estay, Iván Moreira, Juan Masferrer y Darío Paya. Esto, tras conocerse una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría en el pago de subvenciones escolares a sostenedores privados.
Entre los hechos que sustentan la acusación constitucional, los diputados firmantes mencionan que la Ministra no habría corregido infracciones e irregularidades cometidas en la Seremi de Educación Metropolitana, por las cuales han sido formalizados ante la justicia algunos ex funcionarios.
Además, señalan que la ministra Provoste no sancionó las infracciones a la Ley de Subvenciones, tales como la duplicidad de matrículas o el pago indebido de subvenciones, y no procedió a destituir al ex Secretario Regional Ministerial de Educación Alejandro Traverso, e ignoró las auditorías que daban cuenta de las irregularidades cometidas.
El análisis de la acusación
La comisión recién conformada tiene un plazo de tres días para dar aviso a la secretaria de Estado cuestionada. Al décimo día de la notificación, la ministra podrá concurrir a la comisión a hacer su defensa o presentarla por escrito. Posteriormente, la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella.
El diputado Eugenio Tuma enfatizó que se contemplará todo tipo de antecedentes para emitir una opinión objetiva, técnica y política respecto a la materia, refiriéndose puntualmente a la eventual subjetividad con que sería elaborado el informe debido a que la referida comisión está compuesta sólo por representantes de la Concertación.
Asimismo, Raúl Sunico subrayó que se tomarán todas las medidas para que esta acusación constitucional tenga un trato justo, tanto para la ministra Provoste, como para los acusadores. Agregó que «vamos a buscar toda la asesoría jurídica necesaria para emitir un pronunciamiento que sea incuestionable desde el punto de vista jurídico».
UPI / Cámara de Diputados
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