Editorial, La Tercera, 12 de mayo de 2007.
En materia de mejorar la calidad de la educación, tema que todos los actores reconocen como estratégico para el país, los acontecimientos no dan espacio al optimismo: ni los indicadores que miden esa variable dan cuenta de progreso, ni el sentido profundo de las políticas en ese ámbito parecen apuntar en el sentido correcto.
De lo primero son un ejemplo palmario los resultados de la prueba Simce conocidos esta semana. Resumiendo el panorama general que entregaron, se concluye que dos de cada cinco estudiantes chilenos de 4° Básico y 2° Medio rinden por debajo del denominado nivel “inicial”. Esto es, no manejan los contenidos mínimos del currículum educativo, lo que equivale a decir que, sencillamente, no saben calcular ni leer como debieran. En el mundo moderno, las implicancias de esto para cualquier proyecto de desarrollo son preocupantemente obvias.
En cuanto a lo segundo, el envío al Congreso el mes pasado del proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), incluyendo sorpresivamente dos controvertidos elementos que hasta entonces no eran parte del debate -el lucro en los establecimientos subvencionados y la selección de estudiantes-, demostró que los énfasis
del Ejecutivo en esta materia son, una vez más, los equivocados.
De hecho, los resultados del Simce en cierta manera ratifican hasta qué punto la discusión sobre la Loce parece desencaminada, pues, casos excepcionales aparte, los colegios particulares y subvencionados reflejan mejores desempeños. Más aun, la decisión de, por primera vez, ordenar los resultados según nivel socioeconómico confirma que los colegios municipales -donde se concentra la mayoría de los alumnos de bajos recursos- tienden a obtener malos resultados. Todo lo cual no hace sino confirmar lo que hace tiempo es un dato de la causa y de lo cual la última PSU dio la más reciente evidencia: la brecha de calidad entre establecimientos públicos y privados.
Por lo demás, la experiencia es que los colegios que seleccionan a sus estudiantes -el otro punto conflictivo de la Loce- suelen tener mayores puntajes que los que no lo hacen. Si esto obedece a que son mejores colegios o a si escogen a los mejores alumnos es un debate abierto, pero es claro que eliminar la selección no apunta automáticamente a mejorar la calidad.
¿A qué, entonces, incluir ese tema, así como el del lucro, en la Loce? ¿Sesgo ideológico? ¿Intento de recuperar la agenda en medio de la crisis del Transantiago? Sea como fuere, el nuevo flanco de conflicto abierto con la oposición, sectores del oficialismo, la Iglesia, apoderados y sostenedores, generó más costos que ganancias para La Moneda.
A lo que apuntan los datos del Simce, como sugieren numerosos expertos, es al fracaso en abordar los verdaderos problemas de fondo de la educación chilena. Así, en la brecha entre públicos y privados claramente un factor clave es la desigual inversión en unos y otros alumnos, alimentando la trágica paradoja de que se invierte menos en aquellos cuya educación más “cuesta” -los más pobres-, pues son quienes tienen mayores déficit que superar. Si a este dato se agrega que durante los gobiernos de la Concertación el gasto en educación se ha multiplicado varias veces, es obvio que la gestión de los recursos públicos ha sido ineficiente además de deficiente.
La rigidez del Estatuto Docente; la formación y evaluación de los profesores (y su reticencia a ser examinados); la falta de independencia de las escuelas para gestionar sus recursos, diseñar sus programas y escoger a sus maestros. Esos son otros problemas que exigen urgente atención, pero que, a juzgar por la complacencia que dejó entrever la ministra de Educación al hablar de “estabilización” para referirse a los resultados del Simce, no están entre las prioridades del gobierno.
Termina la Guerra de Corea