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Nació el 25 de noviembre de 1915, en Valparaíso, ciudad donde cursó sus estudios primarios y secundarios. En 1933, ingresó en la Escuela Militar de Chile, de la que salió tres años más tarde como alférez. El 23 de agosto de 1973 fue nombrado comandante en jefe del Ejército por Salvador Allende. Poco días después, el 11 de septiembre, encabezó un golpe de Estado en contra del gobierno de Allende. Después de organizar una Junta Militar, el 17 de diciembre fue nombrado presidente de la República.

En 1980, la Junta Militar elaboró una nueva Constitución. Tras 15 años de gobierno y de acuerdo con lo establecido en esa Constitución, se llevó a cabo un plebiscito en octubre de 1988. En esta ocasión, la ciudadanía optó por llamar a elecciones presidenciales para el año 1989. Como resultado de éstas, en marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió como presidente de Chile. En ese momento, Pinochet quedó a cargo de la comandancia en jefe del Ejército, hasta el 6 de marzo de 1998. Poco días después, juró como senador vitalicio. En octubre de ese año, viajó a Londres para operarse de una hernia lumbar. Ahí fue detenido por orden del juez español Baltasar Garzón, en cumplimiento de una orden internacional de arresto. Liberado por el gobierno británico por motivos humanitarios, regresó al país. Murió el 10 de diciembre del 2006.

Asumen los uniformados

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley N°1, dictado a ese efecto, la Junta Militar, conformada por los comandantes en jefe del Ejército, Marina, Aviación y general director de Carabineros, asumió el gobierno de la nación. El mismo decreto garantizó el respeto de las atribuciones del Poder Judicial, la Constitución política y las leyes, en la medida en que la actual situación del país lo permita para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone.

El 12 de septiembre de 1973, se nombró el primer gabinete ministerial, en el cual solo particiaban cuatro civiles, que ocupaban las carteras de Educación Pública, Justicia, Agricultura y Tierras y Colonización.

En junio de 1974, se promulgó el Decreto Ley N°527, en el que se disponía que la Junta ejercería el Poder Legislativo, y su presidente, el general Pinochet, asumiría la primera magistratura del país. Además, el Congreso Nacional fue disuelto, se suspendió el ejercicio de la Constitución de 1925 y se eliminaron los partidos políticos.

Un nuevo modelo económico

A principios de los 70, un grupo de economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago (Estados Unidos), entre ellos Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados «Chicago Boys»), y algunos colaboradores ocasionales, elaboraron un documento en que analizaban las realidades y problemas económicos de Chile. Este que se conoció como «El Ladrillo» (por su gran volumen físico).

El modelo de economía neoliberal (o social de mercado) plasmado en dicho texto comenzó, en 1974, a ser aplicado por el gobierno de Pinochet. Se aumentaron los gastos en Defensa, los sueldos y los beneficios para las Fuerzas Armadas y los servicios secretos. Una ley determinó que el 10 % de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, se destinaría a la compra de armas.

Represión militar

Apoyado en la teoría de la Seguridad Nacional, los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y sus grupos armados, sino también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Así, no solo fueron eliminados, torturados o exiliados dirigentes y partidarios de la UP, sino también sindicalistas, líderes estudiantiles y numerosas personas de distintas actividades. Para cumplir con estas acciones represivas, se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, en 1974, la cual posteriormente se transformó en la Central Nacional de Informaciones, CNI.

La Constitución de 1980

En agosto de 1980, el gobierno convocó a un plebiscito para lograr la aprobación popular de un nuevo texto constitucional.

Así fue como el 11 de septiembre se realizó el acto electoral para cumplir con este fin. Los resultados fueron 4.204.879 votos por la aprobación (esta cifra incluye los votos en blanco que, de acuerdo con la normativa dictada a propósito se sumaban al sí); 1.893.420 por el rechazo, y 173.569 votos nulos.

El texto constitucional aprobado entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. Entre otros temas, la nueva Carta Fundamental estableció un sistema presidencialista de gobierno y creó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer mandatario e integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente del Senado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

También consignó la creación de los senadores designados, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el sistema electoral binominal. Además, estableció que el presidente en ejercicio se mantendría en el poder hasta 1988.

La crisis recesiva

El boom del consumo producido por la bonanza de los años anteriores (1977 a 1980) llegó a su fin a mediados de 1981, cuando el modelo económico comenzó a resentirse. Esto fue producto, en parte, de factores internacionales, a partir del alza del petróleo acordada por la OPEP en 1980.

Esto significaría que los créditos bancarios se suspendieron, se elevaron las tasas de interés, los precios de las materias primas cayeron y algunas empresas quebraron, como IRT, Frutera Sudamericana, Rayonhil, Fanaloza, Manufacturera Chilena de Algodón y Codina.

En junio de 1982 se procedió a la devaluación del peso, poniéndose fin a la política de estabilidad cambiaria mantenida hasta ese momento. La medida perjudicó enormemente a todos aquellos que habían adquirido deudas en dólares.

El gobierno intervino ocho instituciones financieras, con un costo de casi ochocientos millones de dólares para el país. El desempleo alcanzó el 18%. El PGB (Producto Geográfico Bruto) no superó el 5% y la inflación llegó al 9,5%.

El rol de la Iglesia

El año 1985, la Iglesia Católica buscó lograr puntos de entendimiento y de consenso amplio que aseguraran el regreso al sistema democrático. El cardenal Juan Francisco Fresno solicitó a tres personalidades de distinta orientación política la redacción de un programa para alcanzar un acuerdo nacional de transición a la democracia. Ellos fueron Fernando Léniz, José Zabala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, y Sergio Molina, ex ministro del gobierno de Frei Montalva.
Tras varios meses de complicadas negociaciones, en agosto de ese mismo año, los representantes de partidos de diversas tendencias firmaron el Acuerdo Nacional, en el que junto con expresar el deseo de entendimiento político, exigían plenas libertades civiles y elecciones parlamentarias y presidenciales libres.


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