LA TERCERA Miércoles 23 de mayo de 2007. José Joaquín Brunner. Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, ex Ministro Secretario General de Gobierno
Los compromisos de política e inversión educacionales anunciados por la Presidenta de la República en el mensaje del 21 de mayo renuevan la prioridad gubernamental respecto del sistema escolar. No puede desconocerse la importancia de estos compromisos.
Por el lado de las políticas, el gobierno ha explicitado las bases de su estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación. Estas se resumen en tres ejes: un nuevo marco regulatorio, la implantación de un régimen de aseguramiento de la calidad (superintendencia) y un mayor esfuerzo de inversión en alumnos y profesores del sistema subvencionado.
Por el lado de la inversión, los recursos anunciados se destinarán a incrementar el monto de la subvención por alumno, primer paso, esperamos, hacia la meta de duplicar su valor durante los próximos años. Además, se contemplan aumentos especiales para la educación rural y para los alumnos de familias de menores ingresos, así como para acercar la educación técnica al sector productivo y renovar las plantas docentes de los colegios municipales, empleando, para ello, todos los modelos de gestión que sean útiles. Este grado de flexibilidad y pragmatismo es, precisamente, lo que el sistema requiere y la autoridad parece estar dispuesta a garantizarlo.
Ahora vienen los desafíos: concretar e implementar estas políticas, construyendo los acuerdos necesarios, y canalizar los mayores recursos de manera tal que se pueda obtener de ellos el máximo impacto sobre el mejoramiento de la calidad del sistema. Para alcanzar estos objetivos convendría precisar aún más la estrategia gubernamental, desarrollando sus principios rectores: más calidad y mejores rendimientos escolares como condición de equidad; estrecha colaboración público-privada; diversidad de sostenedores; igual trato de ellos bajo un esquema exigente, pero no burocratizado de rendición de cuentas; fortalecimiento del financiamiento escolar a través de la subvención por alumno; autonomía de gestión para todos los establecimientos; evaluación de los docentes centrada en las escuelas; fuertes incentivos para los colegios que progresan en condiciones adversas y apoyo eficaz para aquellos más débiles.
Si estos principios prácticos pudieran ser compartidos por todos los actores del sistema escolar, resultaría posible -altamente probable, en efecto- producir los acuerdos que ahora se requieren para impulsar el mejoramiento de nuestro sistema escolar. El gobierno ha tomado la iniciativa. Con ello fortalece su autoridad y gana un considerable margen de negociación en el Parlamento que debiera traducirse, también, en una posición de mayor flexibilidad y pragmatismo a la hora de legislar sobre el nuevo marco de regulaciones.
Los partidos de la Concertación serán evaluados en esta coyuntura por el respaldo que brinden a su gobierno, facilitando el camino hacia los acuerdos. La oposición, a su vez, está impelida en este cuadro a cambiar de actitud y a presentar propuestas que permitan dar paso a un nuevo consenso de política educacional en nuestro país.
Termina la Guerra de Corea