LA TERCERA. Opinión de Patricia Matte. Presidenta Sociedad de Instrucción Primaria consejera Libertad y Desarrollo
Siempre es considerado positivo que se priorice el sector educativo en el presupuesto nacional, debido a la importancia que ésta tiene en cuanto permite a las personas desarrollarse y realizarse, mejorando su bienestar y aportando al desarrollo del país. Pero ello requiere además que los recursos sean usados de la mejor manera posible, lo que constituye un deber moral del Estado.
Uno de los aspectos importantes es que el grueso de los recursos se va a la subvención, es decir, no estarán atados en cuanto a su uso, de manera que cada establecimiento pueda invertir en base a sus necesidades, las que sin duda son muy diferentes en cada caso.
Pero lamentablemente, existe el riesgo de que estos recursos no sean aprovechados de la mejor forma posible, en cuanto todas las señales indican que no hay voluntad para tratar los problemas de fondo que hoy enfrenta nuestro sistema educacional, los que se resumen en el bajo nivel de responsabilidad de los actores educativos. En ese caso, podríamos enfrentarnos con que en diez años más, tal como ocurrió con la reciente entrega de los resultados del SIMCE, el aumento de recursos no se traduzca en mayores aprendizajes y oportunidades para nuestros estudiantes.
Un primer indicio, es que en los anuncios no se abordan los serios déficit de gestión que enfrentan hoy los alcaldes, en cuanto no cuentan con las atribuciones que requieren para administrar sus colegios, como por ejemplo, el que no puedan participar en la definición de las remuneraciones de los profesores que ellos mismos contratan. Lo anterior, ha sido diagnosticado y consensuado por el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación y por la Comisión Brunner en 1994. Las recomendaciones en esta línea son claras y contundentes: para poder responsabilizar a los ediles de los aprendizajes de los estudiantes que asisten a sus escuelas, es necesario entregarles a la vez las herramientas para trabajar. Hoy las responsabilidades están diluídas entre el Ministerio de Educación y los municipios, por lo tanto, nadie responde.
Un segundo indicio, es que la forma que se está adoptando para suplir estas serias necesidades es a través de un fondo de US$ 100 millones exclusivo a los municipios para financiar las ineficiencias que genera una legislación inflexible y poco moderna. Además es una discriminación y una clara desigualdad de oportunidades para los niños que optan por la educación particular subvencionada. Por lo tanto, no se aborda la raíz de los problemas y se seguirán malgastando recursos a costa de menores aprendizajes y oportunidades de esos estudiantes. Así, se soluciona un problema hoy, pero que se repetirá en el mediano o largo plazo.
Finalmente, las medidas tampoco abordan a los principales responsables de la educación de los niños y jóvenes, que son los padres y apoderados. Son ellos los encargados primeros de fiscalizar el uso de los recursos y de exigir a los establecimientos el cumplimiento del proyecto educativo, por tanto es clave que se les empodere para que puedan tomar las mejores decisiones. Reemplazarlos contraviene los principios que sustentan no sólo nuestro sistema educativo, sino también nuestra sociedad.
Muere Evita