Fecha de edición: 19.06.2008
Con 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre la Ley General de Educación (LGE), que reemplazará a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE).
El vocero de gobierno, Francisco Vidal, dijo que más allá de las protestas, «hoy se derogó una ley heredada de (Augusto) Pinochet». Esto porque la LOCE fue publicada un día antes de que expirara la dictadura militar, el 10 de marzo de 1990.
La derogación de esta ley exigía un quórum de 4/7 (68 votos), lo que obligó a la presidenta Michelle Bachelet a llamar personalmente a cada uno de los parlamentarios que pedían el retiro de la discusión inmediata del proyecto.
Los 12 votos en contra corresponden a los parlamentarios Sergio Aguiló, Gabriel Ascencio, Alvaro Escobar, Clemira Pacheco, René Alinco, Eduardo Díaz, Jaime Mulet, Alejandra Sepulveda, Pedro Araya, Marco Enríquez Ominami, Carlos Olivares, Esteban Valenzuela. Quienes se abstuvieron fueron Alfonso de Urresti, Tucapel Jiménez, Mario Venegas, Ramón Farías, Carlos Montes, Rodrigo González, Adriana Muñoz.
Impresiones
Tras la aprobación del proyecto se produjeron airadas reacciones en las tribunas. Más de un centenar de personas, encabezadas por el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, gritaron y tiraron monedas a los parlamentarios, quienes tuvieron que pararse de sus asientos para no resultar heridos.
En medio de un tumulto, en que Carabineros comenzó a sacar a los asistentes a empujones, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sostuvo que «rechazamos la votación que se ha dado en este momento, seguimos exigiendo que se debe retirar la LGE. Este proyecto que han aprobado, vamos a exigir que se retire, vamos a dar la batalla en el Senado. Esto significa que vamos a perseguir el rechazo de este proyecto de ley y si se aprueba en el Sebnado, vamos a pedir el veto».
Durante esta tarde, corresponde que se proceda a la votación de las indicaciones presentadas por los partidos oficialistas al proyecto.
El ministro secretario general de Gobierno, José Antonio Viera Gallo, articulador del acuerdo con la derecha opositora, definió a este proyecto como «la ley que es posible».
El sacerdote jesuita Fernando Montes, que integró el Consejo Asesor y es rector de la universidad Alberto Hurtado, comentó, antes de la votación, que el gobierno se encontraba entrampado en un proyecto que «no era el mejor, pero que significaba un avance». Entre sus mayores déficits, mencionó la falta de una definición más clara de educación pública y del rol del Estado en la educación, ya sea privada o pública.
«La educación en un bien público, donde el Estado no sólo tiene el deber y el derecho de garantizar calidad, sino también equidad para todos», argumentó.
La Tercera Digital/ Agencias
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